Debuta la Reforma Procesal Penal:
- Edificios definitivos están listos, salvo los de tribunales, y coincidentemente todos fueron pintados amarillos pastel.
- Jueces Orales esperan que sólo el 10% de los casos llegue a su conocimiento... Jueces de Garantía resolverán el resto.
- Fiscales reciben clases de contención emocional para tratar a las víctimas de los delitos y a los inculpados.
- Defensoría Pública está atrasada porque la ley no se ha dictado.
- Aseguran que juicios demorarán una cuarta parte de los de ahora.
Por Francisco Jara A.
Fotos: Iván Lepe desde la Cuarta Región
Aunque todavía falta por resolver si los jueces contarán con un martillo de madera para imponer orden en la sala cuando debuten los juicios orales, todos los demás detalles ya están listos en la Cuarta Región para que el Presidente Ricardo Lagos ponga en marcha la reforma procesal penal el próximo sábado 16 de diciembre.
La inauguración de los nuevos tribunales orales será en Vicuña y asistirán, además, el presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, y el Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena, entre otras autoridades. Sería un placer que viniera la canciller Soledad Alvear (que encabezó esta reforma), pero no sé si pueda estar acá, dice la seremi de Justicia, Mabel Iturrieta, quien asegura que en la región todo está a punto para el debut de los juicios orales.
Mientras los comerciantes de La Serena se alistan para recibir una avalancha de visitantes durante enero y febrero, los nuevos fiscales y jueces criminales tienen claro que se quedarán sin vacaciones. Tomarlas es impensable, habrá que dejarlas para el segundo semestre, explica resignado Tomás Gray , un ex relator de la Corte de Apelaciones de La Serena, que ahora ejercerá como Juez de Garantía.
La tarea de Gray y de sus colegas José María Toledo y Diego Simpertigue será emitir resoluciones en las etapas preliminares de un proceso (durante la investigación de los fiscales), dictar sentencia en los nuevos juicios abreviados e imponer las penas alternativas. Aunque parezca que su labor es sencilla, se prevé que ellos resolverán el 90% de los procesos y sólo el 10% llegará a la instancia oral.
La Cuarta Región, junto a la Novena, fueron escogidas como pioneras en esta reforma que da paso a veloces juicios orales. En éstos serán los jueces -y nunca más los actuarios- los que tomarán declaración a los inculpados y testigos; los procesos no durarán más de dos años y los magistrados -desde el primer momento- conocerán directamente las versiones de los fiscales acusadores y de los abogados defensores sobre los hechos que se investigan.
Se estima que un proceso criminal demorará la cuarta parte de lo que duran actualmente y jueces y fiscales aseguran que favorece a todos, menos a los actuarios (que gozaban de grandes atribuciones en los juicios antiguos) y a los abogados que tenían una maquinaria para contentar a sus clientes a través de contactos y métodos poco transparentes.
Por una curiosa coincidencia, todos los edificios que ocuparán las nuevas instituciones penales en Coquimbo y La Serena están situadas en casas y edificios de color amarillo pastel. La Seremi Iturrieta dice que no hubo una decisión en el color, pero los tonos tierra y ocre dan a la comunidad una sensación más acogedora.
Las salas de audiencia han sido habilitadas para recibir a los actores de estos juicios, que serán similares a los que se ven en las películas norteamericanas, pero sin jurados. Un anticipo de estas audiencias pudieron ver los chilenos durante el juicio de Enrique Arancibia Clavel en Buenos Aires: testera para los tres jueces, mesón para los fiscales y las víctimas, otro para los abogados defensores y los inculpados, un estrado para los testigos y una veintena de sillas para el público y los periodistas.
Dieciocho fiscales adjuntos, 10 jueces de garantía y seis jueces orales deberán resolver todos los delitos que ocurran en la Región de Coquimbo desde las cero horas del sábado 16. No podrán conocer hechos perpetrados antes de ese día, los que seguirán en manos de los actuales juzgados del crimen y de letras.
Los fiscales serán los encargados de dirigir toda la investigación y coordinar la labor de las policías, que dejarán de depender del poder judicial. Los 24 funcionarios de la fiscalía regional pasan en clases con profesores universitarios que les enseñan habilidades de contención emocional para atender a las futuras víctimas de delitos. En Gandarillas 801, frente al Liceo de Niñas de La Serena, cinco fiscales adjuntos recibirán las denuncias.
Un ejército de carpinteros y técnicos instalan modernos muebles, equipos computacionales y líneas telefónicas en diversos edificios de La Serena y Coquimbo donde funcionarán los nuevos juzgados, fiscalías y la otra institución clave: la defensoría pública. Sus abogados representarán a todos los inculpados que no tengan uno. Como la ley que crea esta repartición aún no ha sido dictada, esta misión la dirige en forma provisional el jefe de la Corporación de Asistencia Judicial de La Serena, Jaime Camus del Valle.
Los juzgados ya cuentan con todo para cumplirla. Sólo falta decidir si los jueces contarán con martillos para imponer orden en la sala o para abrir y levantar una sesión.
-Es similar, hay que destacar la oralidad, la publicidad y la transparencia del sistema. La gente ve lo que pasa, podrá no estar de acuerdo, pero todo fue público.
Fernández cree que no más del 10% de los casos debería llegar a un juicio oral, principalmente, casos de tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, y en grado menor atentados contra la libertad sexual: abusos deshonestos y violaciones, así como algunos homicidios.
-Creo que sí, porque se han preocupado.
(Fuente: La Segunda, 1 de diciembre 2000)